España pagará a los inmigrantes desempleados para que vuelvan a sus países, según un decreto sancionado el viernes, una nueva prueba de la caída de una economía que hasta hace poco conocía una fuerte expansión.
La medida fue aprobada en una reunión de gabinete y entrará en vigor dentro de un mes, dijo el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
"Se entiende como una oportunidad y como una posibilidad para que la persona en cuestión pueda, si asi lo desea voluntariamente, emprender una nueva actividad en su país de origen", dijo Corbacho.
El programa es estrictamente voluntario y abarca a personas de los 19 países fuera de la Unión Europea con los cuales España mantiene acuerdos bilaterales de pagar en un país los beneficios de seguridad social adquiridos en otro. Les ofrece el 40% de esa suma cuando renuncien a sus permisos de residencia y trabajo y el 60% restante cuando arriben a sus países de origen.
Quienes se acojan a él aceptan que no regresarán a España durante tres años, después de lo cual podrán volver a gestionar sus permisos de trabajo y residencia.
La iniciativa es la medida más reciente de un gobierno que enfrenta un desempleo creciente y una economía que, después de un decenio de crecimiento fuerte, corre peligro de recesión. El desempleo español, del 10,7%, es el más elevado de la UE, según la agencia de estadísticas Eurostat.
La crisis deriva sobre todo del derrumbe de la industria de la construcción, el motor principal del crecimiento y una fuente de empleos para trabajadores no calificados de América Latina, el norte de Africa y el este de Europa.
Los inmigrantes son los más afectados por el paro.
La vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega dijo que "tratamos de facilitar el retorno a los países de origen de aquellos trabajadores que, habiendo contribuido a la riqueza de este pais, decidan retornar al suyo".
Corbacho no divulgó cifras, pero en julio el gobierno estimó en julio que unos 10.000 inmigrantes desempleados, de un total de 165.000, se acogerían al plan.
